Evaluación de la gobernanza de la política de las plantas de tratamiento residual (2013-2016), en la zona centro de México: los casos de Tlaxcala-Zahuapan, Puebla-Atoyac y Presa Guadalupe en el Estado de México

Cesar Casiano, Hans Bressers, Arturo Gleason

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Abstract

Actualmente el tratamiento de aguas residuales es uno de los mayores retos que enfrenta la gestión del agua a nivel mundial. Los países más desarrollados en promedio tratan apenas el 70% de sus aguas residuales, los considerados de ingreso medio el 38% y los de ingreso medio-bajo 28% (Allaoui, Schmitz, Campbell, & de la Porte, 2015, p. 7). Los impactos que tiene el agua no tratada son claros en temas de salud y ambientales. En México, desde el año 2000, el gobierno federal ha realizado importantes inversiones para el tratamiento de las aguas residuales. Sin embargo, la meta en tratamiento de aguas residuales no ha sido alcanzada por ninguna de las últimas dos administraciones (Casiano & Boer de, 2015; Casiano & Bressers, 2015). Actualmente en México, sólo se trata el 19.3% de las aguas industriales (Green-Peace, 2014) y el 55% de las municipales (CONAGUA, 2015). Este reto, al igual que otros relacionados a la gestión del agua, ha ocasionado el desarrollo de diversas herramientas que ayuden a dar respuesta a estos problemas a nivel mundial. Entre dichas herramientas se encuentran las evaluaciones de gobernanza. Retomando estas herramientas y considerando la importancia del contexto de la gobernanza en la implementación de la política hídrica, planteamos la siguiente pregunta: ¿En qué grado (de restrictivo a favorecedor) la estructura de gobernanza afecta la implementación de la política de las plantas de tratamiento de agua residual en las tres sub-cuencas? Para realizar la evaluación de la gobernanza utilizamos la Herramienta de Evaluación de la Gobernanza (GAT) por sus siglas en inglés; y nos enfocamos en el análisis de dos cualidades de la gobernanza: alcance y coherencia. El GAT forma parte de las 25 herramientas de gobernanza compiladas por la OCDE (OECD, 2015) y ha sido utilizada para analizar la implementación de diversos proyectos hídricos en países tales como Holanda A través de éste análisis concluimos, que la estructura de gobernanza tiende a restringir la implementación de la política de tratamiento de agua en los tres casos. Sin embargo, el grado de restricción parece aumentar conforme la participación del nivel estatal va decreciendo. Ello genera que Tlaxcala sea el caso con menores restricciones, seguido por el Estado de México y finalmente es Puebla el caso que presenta el contexto más restrictivo para la implementación de la política de plantas de tratamiento de agua residual.
Original languageSpanish
Publication statusPublished - 31 Oct 2017
Event1er Foro Internacional "Politicas públicas para el desarrollo sustentable: horizontes en el siglo XXI - Puebla, Mexico
Duration: 1 Jun 20172 Jun 2017
Conference number: 1

Conference

Conference1er Foro Internacional "Politicas públicas para el desarrollo sustentable
CountryMexico
CityPuebla
Period1/06/172/06/17

Cite this

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Evaluación de la gobernanza de la política de las plantas de tratamiento residual (2013-2016), en la zona centro de México: los casos de Tlaxcala-Zahuapan, Puebla-Atoyac y Presa Guadalupe en el Estado de México. / Casiano, Cesar; Bressers, Hans; Gleason, Arturo.

2017. Paper presented at 1er Foro Internacional "Politicas públicas para el desarrollo sustentable, Puebla, Mexico.

Research output: Contribution to conferencePaperAcademicpeer-review

TY - CONF

T1 - Evaluación de la gobernanza de la política de las plantas de tratamiento residual (2013-2016), en la zona centro de México: los casos de Tlaxcala-Zahuapan, Puebla-Atoyac y Presa Guadalupe en el Estado de México

AU - Casiano, Cesar

AU - Bressers, Hans

AU - Gleason, Arturo

PY - 2017/10/31

Y1 - 2017/10/31

N2 - Actualmente el tratamiento de aguas residuales es uno de los mayores retos que enfrenta la gestión del agua a nivel mundial. Los países más desarrollados en promedio tratan apenas el 70% de sus aguas residuales, los considerados de ingreso medio el 38% y los de ingreso medio-bajo 28% (Allaoui, Schmitz, Campbell, & de la Porte, 2015, p. 7). Los impactos que tiene el agua no tratada son claros en temas de salud y ambientales. En México, desde el año 2000, el gobierno federal ha realizado importantes inversiones para el tratamiento de las aguas residuales. Sin embargo, la meta en tratamiento de aguas residuales no ha sido alcanzada por ninguna de las últimas dos administraciones (Casiano & Boer de, 2015; Casiano & Bressers, 2015). Actualmente en México, sólo se trata el 19.3% de las aguas industriales (Green-Peace, 2014) y el 55% de las municipales (CONAGUA, 2015). Este reto, al igual que otros relacionados a la gestión del agua, ha ocasionado el desarrollo de diversas herramientas que ayuden a dar respuesta a estos problemas a nivel mundial. Entre dichas herramientas se encuentran las evaluaciones de gobernanza. Retomando estas herramientas y considerando la importancia del contexto de la gobernanza en la implementación de la política hídrica, planteamos la siguiente pregunta: ¿En qué grado (de restrictivo a favorecedor) la estructura de gobernanza afecta la implementación de la política de las plantas de tratamiento de agua residual en las tres sub-cuencas? Para realizar la evaluación de la gobernanza utilizamos la Herramienta de Evaluación de la Gobernanza (GAT) por sus siglas en inglés; y nos enfocamos en el análisis de dos cualidades de la gobernanza: alcance y coherencia. El GAT forma parte de las 25 herramientas de gobernanza compiladas por la OCDE (OECD, 2015) y ha sido utilizada para analizar la implementación de diversos proyectos hídricos en países tales como Holanda A través de éste análisis concluimos, que la estructura de gobernanza tiende a restringir la implementación de la política de tratamiento de agua en los tres casos. Sin embargo, el grado de restricción parece aumentar conforme la participación del nivel estatal va decreciendo. Ello genera que Tlaxcala sea el caso con menores restricciones, seguido por el Estado de México y finalmente es Puebla el caso que presenta el contexto más restrictivo para la implementación de la política de plantas de tratamiento de agua residual.

AB - Actualmente el tratamiento de aguas residuales es uno de los mayores retos que enfrenta la gestión del agua a nivel mundial. Los países más desarrollados en promedio tratan apenas el 70% de sus aguas residuales, los considerados de ingreso medio el 38% y los de ingreso medio-bajo 28% (Allaoui, Schmitz, Campbell, & de la Porte, 2015, p. 7). Los impactos que tiene el agua no tratada son claros en temas de salud y ambientales. En México, desde el año 2000, el gobierno federal ha realizado importantes inversiones para el tratamiento de las aguas residuales. Sin embargo, la meta en tratamiento de aguas residuales no ha sido alcanzada por ninguna de las últimas dos administraciones (Casiano & Boer de, 2015; Casiano & Bressers, 2015). Actualmente en México, sólo se trata el 19.3% de las aguas industriales (Green-Peace, 2014) y el 55% de las municipales (CONAGUA, 2015). Este reto, al igual que otros relacionados a la gestión del agua, ha ocasionado el desarrollo de diversas herramientas que ayuden a dar respuesta a estos problemas a nivel mundial. Entre dichas herramientas se encuentran las evaluaciones de gobernanza. Retomando estas herramientas y considerando la importancia del contexto de la gobernanza en la implementación de la política hídrica, planteamos la siguiente pregunta: ¿En qué grado (de restrictivo a favorecedor) la estructura de gobernanza afecta la implementación de la política de las plantas de tratamiento de agua residual en las tres sub-cuencas? Para realizar la evaluación de la gobernanza utilizamos la Herramienta de Evaluación de la Gobernanza (GAT) por sus siglas en inglés; y nos enfocamos en el análisis de dos cualidades de la gobernanza: alcance y coherencia. El GAT forma parte de las 25 herramientas de gobernanza compiladas por la OCDE (OECD, 2015) y ha sido utilizada para analizar la implementación de diversos proyectos hídricos en países tales como Holanda A través de éste análisis concluimos, que la estructura de gobernanza tiende a restringir la implementación de la política de tratamiento de agua en los tres casos. Sin embargo, el grado de restricción parece aumentar conforme la participación del nivel estatal va decreciendo. Ello genera que Tlaxcala sea el caso con menores restricciones, seguido por el Estado de México y finalmente es Puebla el caso que presenta el contexto más restrictivo para la implementación de la política de plantas de tratamiento de agua residual.

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